Una de las palabras más repetidas por las mujeres que participaron en el proceso de Metamorfosis fue resiliencia. Para la psiquiatra y neurocientífica Rachel Yehuda la resiliencia implica la reintegración del yo, un esfuerzo consciente para avanzar de una manera positiva, como resultado de las lecciones aprendidas de una experiencia adversa, “implica una decisión activa que debe reafirmarse con frecuencia. Esa decisión es seguir adelante”.
En los encuentros, las mujeres se esforzaron por identificar cómo han venido sobrellevando sus historias de vida, de forma individual o colectivamente, cuáles son las consecuencias negativas de sus traumas, de qué forma se han sobrepuesto, levantado y empezado a avanzar y han podido adaptarse a cualquier contexto.
En los países que cuentan con presupuesto, las formas de trabajar la resiliencia incluyen medir la presión arterial, las hormonas del estrés, la función inmunológica y los procesos bioquímicos como la metilación de genes, es decir, la resiliencia se aborda desde la neurobiología y la fisiología y se aplica toda la tecnología (y el presupuesto) posible para el entendimiento del proceso de superación. En los países sin recursos, como parte de las terapias, se acostumbra en cambio incluir la escritura, el arte, el yoga, la meditación consciente.
En el caso de Metamorfosis, con un bajo presupuesto, Espacios de Mujer ofreció a 14 sobrevivientes de trata el poder de la escritura autobiográfica como parte de la intervención psicosocial. La confianza ganada en estos encuentros permitió que, en los otros espacios, los de la atención por parte de la psicóloga y la trabajadora social, y a partir de sus necesidades y sueños, la ruta de atención incluyera y avanzara la conexión con procesos de educación, atención en salud y posibilidades de empleo.
En este último encuentro, mientras las mujeres portaban una corona en su cabeza y de fondo se escuchaba la marcha nupcial, cada una recibió un anillo, leyó unos votos y se comprometió consigo misma a continuar la vida, a resistir, a seguir sanando.
“Yo, Victoria, prometo amarme, respetarme, valorarme, ser feliz y encontrar mi paz espiritual, hasta que mi alma trascienda de este mundo para una vida mejor, siempre luchando y caminando detrás de mis sueños, entre el amor y el perdón, surcando mi pasado”.
Doy gracias a todas estas mujeres que me acompañaron en mi proceso y a mí por permitirme estar en él. Estoy tranquila, ya no me duele tanto y digo tanto porque sé que es un proceso para siempre del cual me debo encargar a lo largo de mi existencia, pero voy para adelante con mucha fortaleza
Las otras mujeres, en ronda, iban reconociendo en voz alta lo que veían en la recién casada al final del Metamorfosis. Para Victoria, la magia de la juntanza que facilitó este proceso estuvo en: “llegar a un espacio de mujeres que han caminado en este mundo con vacíos y dolores como yo, pero al igual de fuertes y con unas ganas enormes de sanar y dejar atrás su pasado, desde soltar y entender que la vida continúa, que se vale soñar por más fracturas y dolor que haya en nuestros cuerpos. Doy gracias a todas estas mujeres que me acompañaron en mi proceso y a mí por permitirme estar en él. Estoy tranquila, ya no me duele tanto y digo tanto porque sé que es un proceso para siempre del cual me debo encargar a lo largo de mi existencia, pero voy para adelante con mucha fortaleza”.
Reina se considera privilegiada al haber hecho parte del grupo, asegura que pocas aceptan participar en espacios como estos porque creen que se les va a culpabilizar, prefieren mejor estar solas y seguir creyendo que nadie las va a entender, para ella resulta determinante “buscar apoyo, ayuda, acompañamiento”. Por su parte, Lucina también asegura que se sintió muy contenta, libre y en confianza: “me sentí acogida, sentí que no me juzgaban, que había buena empatía, en ningún momento me sentí incómoda”.
La forma como llegó Alana a Espacios de Mujer y, por ende, a Metamorfosis, alienta a seguir haciendo prevención. La practicante de trabajo social de Espacios de Mujer presentó a sus compañeras de universidad lo que hacía en la Corporación. Una ellas la buscó días después para contarle la historia de una mujer y confirmar que era un caso de trata. Inmediatamente, Alana recibió apoyo psicosocial en Espacios y luego se vinculó al proceso de escritura.
Varias llegaron por recomendación de profesionales en salud. A Victoria fue su esposo quien le animó a que aceptara “a ver si dejaba de estar llena de rabia”. La escritura como medio de sanación le permitió reconocer que la afectaba. Ella narra que, a medida que iba escribiendo, hacía conciencia de su situación: “yo escribía y sentía algo como amargo, me dolía, pero a medida que iba escribiendo iba sanando”.
Para Reina la escritura no sana, pero sí le resulta “una herramienta superpoderosa” que, en esta ocasión, le permitió “escribir sobre la niñez, escribir sobre algo que me afectaba y no me gusta, escribir cuando nos nace, no obligadas, soltar…”
Lila dice que a ojo cerrado recomendaría el proceso, “creo que todos necesitamos una guía, un apoyo, que ayude a encontrar la salida de lo que uno a veces no ve”.
Varias de las participantes quisieran que sus madres pasaran por el mismo proceso: “me gustaría traer a mi mamá porque quiero que en algún momento antes de partir de acá sane su corazón, sus heridas, abra su mente [...] Me gustaría mucho que ella fuera una mujer libre como nosotras, sin dolores y sin rencores”, confiesa Lila.
Lo mismo sueña Victoria pues considera que su madre “tiene muchos dolores”, también quisiera poder llevar a sus hijas, “porque así como yo soy tranquila y me siento libre quisiera que ellas se sintieran igual”.
La razón por la que las víctimas no denuncian ha sido una preocupación generalizada, sin embargo, entendible frente al preocupante panorama que las cobija. Es común que estas prefieran no denunciar, bien por el miedo a las posibles retaliaciones de los tratantes y los riesgos que corren ellas y sus familiares, como ante la falta de confianza en las autoridades, tanto locales como extranjeras.
Generalmente, las víctimas escapan de sus captores y, a pesar de las amenazas que reciben, el Estado no les ofrece la debida seguridad pues el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación les da el mismo trato que a cualquier otra víctima. Afortunadamente, a partir de la Sentencia C-470 de 2016, en Colombia las víctimas deben ser atendidas sin la obligación de haber hecho una denuncia previa.
Bianca Fidone, experta en trata y directora de proyectos de Espacios de Mujer, afirma que, de las 207 víctimas que entre 2004 y 2022 ha atendido la Corporación, no se puede referir un solo caso exitoso de protección por parte de la Fiscalía a víctimas y testigos amenazados.
La sospecha es que la protección solo se activa a tiempo en casos raros o en denuncias contra el narcotráfico o los grupos armados. Además, ante una denuncia real y concreta por parte de una víctima o de su familia, “los tiempos de respuesta de la Fiscalía no son ágiles y las víctimas amenazadas no pueden quedarse en el territorio esperando la protección”.
Cuando deciden denunciar, no solo tienen que enfrentarse a un imperio burocrático que las obliga a repetir una y otra vez la historia de explotación vivida, también corren el riesgo de ser juzgadas, estigmatizadas y sometidas al escarnio público y hasta el de su propia familia.
Incluso, muchas han recibido el trato de criminales por parte de las autoridades, en especial, al haber sido sometidas a cometer actos delictivos o al lograr escapar en países en los que, ante la dificultad del idioma y la prohibición de la prostitución, terminan encarceladas.
Es claro que quienes denuncian son piezas clave tanto de la investigación como de las decisiones judiciales, en especial, porque sus testimonios son determinantes como material probatorio. Sin embargo, en la vida real, las y los sobrevivientes terminan siendo, como lo anota Fidone: “meras herramientas de aplicación de la ley”.
A esta situación, hay que agregar que los procesos judiciales pueden durar años, en especial por las largas, lentas y poco proactivas etapas de la investigación del delito, lo que conlleva a que, según el juez Juan Carlos Acevedo, especialista en Derecho Penal y Criminología, ante el vencimiento de los términos, los victimarios terminen libres o ante las demoras por el aplazamiento de audiencias, la congestión de los despachos y la rotación de funcionarios y contratistas, las víctimas se cansen, desistan y abandonen el proceso.
En cuanto a la judicialización, es sabido que el enfoque otorgado al delito de trata de personas ha sido desde una perspectiva criminal, preocupada por la desarticulación de redes de trata y del crimen organizado. Sin embargo, persiste el desconocimiento del tipo penal frente a este delito.
Se hace necesario que los fiscales y los jueces reciban formación permanentemente, para que fundamenten sus investigaciones y sus decisiones en normas actualizadas, teniendo claros “los tratados internacionales que sobre la materia ha ratificado Colombia”, tal como lo indica un estudio del 2009, financiado por la UNODC, con el apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia y llevado a cabo por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y el Grupo de Investigación en Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
En este estudio, los expertos también señalan otro importante aspecto. Se trata de los motivos que generan el subregistro: la tendencia a tipificar la conducta en otros delitos, es decir, en vez del delito de trata, los victimarios terminan sentenciados por inducción a la prostitución, el constreñimiento a la prostitución, el turismo sexual, el secuestro, el constreñimiento ilegal, la tortura y hasta el tráfico ilícito de migrantes.
Y cuando hay niñas, niños y adolescentes víctimas, los delitos entonces se confunden con el estímulo a la prostitución de menores, la demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y la pornografía con menores de edad.
El juez Acevedo explica que, a pesar de la situación de violencia sexual por la que pasan las víctimas de trata, este delito permite la rebaja de penas, los tratantes se allanan o logran un preacuerdo con la Fiscalía, a causa de la terminación de los procesos de manera anticipada, las penas resultan ser por la mitad del tiempo de condena mínima, es decir, aproximadamente por siete años. De ahí que muchas veces, según él, resulte más justa una sentencia por delitos sexuales ya que estos no permiten las rebajas de condenas.
Poco parece que le importa al Estado colombiano un real enfoque basado en la verdad y el perdón como parte de la reparación de las víctimas. Concentrados todavía en una justicia punitiva, su mayor preocupación es castigar al culpable, muchas veces satisfechos con la judicialización de lo que se denomina “el eslabón más bajo” del entramado criminal.
A pesar de tanto preacuerdo con la Fiscalía, son casi inexistentes las historias en las que se imponen (o se ofrece voluntariamente) una indemnización económica para las víctimas; aunque sí es común que se impongan las debidas multas para responder con dinero al Estado por el delito cometido.
En el análisis que la abogada Luisa Fernanda Rivera hizo de 31 sentencias por trata en Colombia entre 2008 y 2018, en todas las instancias jurídicas evadieron su responsabilidad en el tema de restitución de derechos, los jueces no hicieron mención del incidente de reparación ni activaron de oficio las medidas de restablecimiento, así como tampoco mencionaron otras formas inmediatas o mediatas.
“La falta de motivación en estos casos afecta el derecho a la verdad más allá de que se condene o no, es una vulneración de las garantías fundamentales de las víctimas que merecen ser tenidas en cuenta dentro del proceso [...]. Las víctimas no tienen un papel central dentro del proceso, donde no se les repara, ni se les prestan otras medidas de asistencia, es decir que la justicia es rogada para la víctima, esto genera revictimización e impunidad y falta de garantías de respeto”, concluye Rivera.
Es necesario que las investigaciones, no solo las judiciales, sino también aquellas que se hacen desde la academia, las agencias internacionales y las organizaciones no gubernamentales consideren nuevas perspectivas y enfoques más allá de los tradicionales: la prevención, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los tratantes.
Es necesario hacer nuevas preguntas, tornar la mirada hacia todos los actores que participan en el delito y evaluar las acciones que a la fecha vienen desarrollando los gobiernos y las ONG, no desde la repetición de generalidades sino desde las realidades de cada país y cada víctima. Por ello, como lo recomienda la ONU se debe escuchar a las personas sobrevivientes y aprender de sus historias para que estas no se repitan, a lo que se debe agregar la importancia de hacer seguimiento a esos casos reportados.
En el caso de las víctimas, es importante abordar los motivos que las llevaron a aceptar las propuestas de movilidad geográfica, reconocer el aumento de víctimas que hacen parte de la población LGBTIQ+, relacionar su origen con los contextos territoriales y culturales, identificar las modalidades de trata en las que se ven involucradas niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, grupos étnicos, encontrar estrategias para escuchar sus voces y entonces generar estrategias más efectivas para la prevención del delito y la asistencia y la protección social de las víctimas.
Urge para Colombia considerar, por ejemplo, qué pasa desde lo penal cuando las víctimas de trata se han visto obligadas a participar en el comercio sexual, el tráfico de drogas, delitos menores, posesión o uso de documentos fraudulentos o ingreso a otro país de una manera irregular, como lo advirtió UNODC en 2020.
Así mismo debe pasar con las y los tratantes, quienes también deben ser escuchados para entender los motivos que los llevaron a explotar a ese otro cercano o lejano, hay que considerar los procesos de resocialización, las condenas y las reincidencias e identificar esto en los argumentos de las defensas.
Las rutas de denuncia y atención a veces no son claras, ni para las autoridades, ni para las víctimas, lo que genera desconcierto en estas últimas. Ejemplo de ello fue el caso de una mujer víctima de nacionalidad venezolana. La Corte Constitucional falló a su favor en la Sentencia T-236 de 2021 gracias al apoyo y representación de la sobreviviente por parte de la ONG Women’s Link Worldwide, y en contra del Estado, tras una clasificación errónea de la Fiscalía al determinar como delito la inducción a la prostitución en lugar de Trata de personas.
Además, el fallo obligó a que el Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas de Cúcuta protegiera a la víctima y a su familia. A la fecha la sobreviviente no ha recibido la debida atención y ya no quiere hablar con ningún medio del tema.
Se debe reconocer que fue gracias a este caso que el Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas eliminó el adjetivo “presunta” en toda referencia a una víctima, dejando de supeditar esta condición al resultado de la investigación penal.
La falta de confianza y legitimidad en la fuerza pública y en los servidores públicos también explica la falta de denuncias. El Reporte del gobierno estadounidense de julio de 2022 sobre trata de personas manifiesta su preocupación, como en años anteriores, ante la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de Trata de personas: “De las 40 investigaciones abiertas por complicidad oficial entre 2010 y 2021 la Procuraduría General señala indulgencia judicial hacia los funcionarios públicos involucrados en delitos de trata, pues se optó por medidas disciplinarias en lugar de tiempo en prisión, una respuesta que no correspondía a la gravedad del delito y obstaculizaba los esfuerzos para combatir la trata”.
En defensa de los derechos de las víctimas, pero como un aspecto más que explica la falta de denuncias, por considerarse una medida “desproporcionada, innecesaria y lesiva de sus derechos fundamentales”, la Sentencia C470 de 2016 aclaró al Estado que no es requisito obligado para las víctimas denunciar el caso de trata para recibir la debida asistencia mediata.
Según Betty Pedraza, antes del 2016 si la víctima no denunciaba el delito ante las autoridades competentes, solo recibía por parte del Estado la asistencia inmediata (valoración médica y psicológica, alimento y alojamiento por cinco días). Esto implicaba que no recibiera una asistencia “integral, especializada, digna, oportuna y constante en el tiempo para poder reintegrarse a la sociedad y recuperar los derechos que les han sido vulnerados”.
En cuanto a la reparación integral, llama la atención ante el papel de los y las representantes de víctimas a la hora de ofrecer “las pruebas suficientes para comprobar el daño ocurrido ante el juez o la jueza que emitió la sentencia condenatoria” y de solicitar “las medidas cautelares sobre los bienes del imputado(a) desde el inicio del proceso para así evitar que el victimario pueda enajenar los bienes a su nombre o se declare insolvente”.
Frente a los tiempos de asistencia, desde Espacios de Mujer las expertas recomiendan que las víctimas tengan un tiempo considerable para tomar la decisión de retornar o no, pues el regreso al país de origen no siempre es lo mejor para las víctimas.
